La reforma de la Ley de Seguridad de Sánchez, ERC y Bildu deja sin castigo los escraches en plena campaña

La reforma de la Ley Seguridad Ciudadana avanza en el Congreso de los Diputados con distintos acuerdos entre el Gobierno de PSOE y Podemos y sus principales aliados parlamentarios, ERC y Bildu. Las consecuencias de esta ley preocupan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la despenalización de algunos supuestos, como las manifestaciones no comunicadas. Ello implica, por ejemplo, vía libre a los escraches a políticos en un año marcado por el intenso ciclo electoral. En el Partido Popular creen que el Ejecutivo quiere dejar listo el terreno para que las calles sean tomadas con impunidad por radicales de la izquierda.

La persecución legal de los escraches es compleja y, de hecho, la ley no la contempla como tal. La única posibilidad es sancionar la convocatoria no autorizada de la protesta, como recoge la aún vigente Ley de Seguridad Ciudadana, de 2015.

Ese castigo desaparece en la reforma negociada entre el Gobierno, separatistas y proetarras. Entre las novedades más importantes destaca precisamente que «la carencia del trámite previo de comunicación, aun pudiendo considerarse infracción leve, no será motivo para impedir el ejercicio de las libertades de reunión y manifestación».

El texto precisa además que «la falta de comunicación previa no determinará la comisión de esta infracción cuando el ejercicio pacífico de tal derecho precise de una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora, siempre que no se cause violencia o alteración del orden público». Bajo el paraguas de la «indudable repercusión social» se da cobijo a una amplísima variedad de motivos de protesta que permitirán eludir la sanción.

Fuentes policiales consultadas por OKDIARIO advierten de que, al decaer la obligación de comunicación, se ampara también la comisión de este tipo de actos, que han vuelto a la actualidad tras el acoso sufrido este lunes por Isabel Díaz Ayuso en la Universidad Complutense de Madrid.

«Derechos humanos»

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana impone además una serie de reparos a la actuación de la Policía ante las concentraciones. Así, se indica que «las medidas de intervención para el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana» habrán de guiarse «en todo momento por un enfoque de derechos humanos». La Policía tendrá que emitir un aviso previo «verbal» y «audible» antes de cargar en manifestaciones, dando un «plazo suficiente» a las personas afectadas, y los agentes tendrán que formarse en «mediación» y «empleo de métodos adecuados como vía alternativa de solución de conflictos».

‘Rodea el Congreso’

Entre las novedades más polémicas figura la despenalización de las concentraciones que tengan lugar ante el Congreso de los Diputados, como las que llevan por lema Rodea el Congreso.  La ley de 2015 considera sanción grave, con multa de hasta 30.000 euros, «la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a la sede del Congreso, el Senado y asambleas legislativas de las comunidades autónomas». El avanzado dispositivo de seguridad del Parlamento no será suficiente para disuadir a los radicales con la nueva ley que preparan el Gobierno y sus aliados.

Además, con esta reforma, los menores de edad tampoco podrán ser sancionados, ni aquellos que tengan una capacidad económica limitada, que se determinará «atendiendo a sus circunstancias personales, materiales y sociales».

La norma obligará también a revisar las sanciones anteriores a la reforma. De nuevo, como ocurre con la conocida como Ley del sólo sí es sí, que rebaja la pena y excarcela a violadores y agresores sexuales, el Ejecutivo beneficiará aquí a delincuentes, en este caso, de terrorismo callejero.

Así, una de las enmiendas pactadas señala que «los procedimientos sancionadores iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley se regirán por la legislación anterior, salvo que esta ley contenga disposiciones más favorables para el interesado, así como para aquellas infracciones cometidas con anterioridad a la entrada en vigor y cuyo procedimiento aún no se haya iniciado».